La seguridad
ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel
responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las
personas y sus bienes.
Acepción:
Es la acción
destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o
despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los
lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto
constituye una obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales
para garantizar los derechos fundamentales.
La Ley 27933 que crea
el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana considera que la seguridad ciudadana
es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía, para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como
contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
Con mayor detalle, su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 012-2003-IN, precisa que su
orientación final es la protección del libre ejercicio de los derechos y
libertades, así como garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel
nacional.
1. Factores que inciden en la violencia y el delito
Éstos
identifica la abundancia de hombres jóvenes marginalizados y la urbanización
desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las
nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad
(factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos
armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de
drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran
la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas
de la seguridad y la justicia. Entre las deficiencias institucionales,
Basombrío identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción
política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente
capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de
instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción
y administración del sistema policial.
otro factor:
los medios de comunicación.
2. Los efectos de la violencia y el delito
En primer
lugar, constituyen un problema de seguridad ciudadana. Como tal, requieren la
atención de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia,
responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de perseguir y sancionar a
sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos, y de dar asistencia y
protección a las víctimas.
En segundo
lugar, son un problema de derechos humanos, por cuanto afectan su pleno
ejercicio, tanto de manera directa como indirecta. En efecto, la violencia y el
despojo —o la amenaza de su ocurrencia— afectan los derechos a la vida, la
integridad y la libertad de las personas, así como a la libre circulación y a
la propiedad, entre otros.
En tercer
lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte o
de lesiones para un número importante de ciudadanos.
En cuarto
lugar, son un problema económico, por cuanto obligan a los Estados, a las
empresas y a las familias a incrementar sus gastos en seguridad.
En quinto
lugar, son un problema social. La inseguridad también tiene un efecto sobre las
relaciones entre las personas, pues mella la confianza entre éstas y su capacidad
de relacionarse y trabajar conjuntamente.
En sexto
lugar, contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores
democráticos y en el sistema político.
3. Corrupción y seguridad ciudadana
Las políticas
públicas están reñidas con la corrupción, pues su propósito es obtener el mayor
bienestar colectivo posible, mientras que el de la corrupción es obtener el
mayor beneficio del corrupto y del corruptor. Hay, sin embargo, una segunda
incompatibilidad, que se deriva de una de las funciones de la política de
seguridad ciudadana, cual es la de aplicar la ley, así como prevenir y combatir
el delito
Tipos de corrupción:
1.
La corrupción administrativa: tiene un impacto muy negativo en la efectividad de
los servicios de seguridad ciudadana, pues reduce significativamente los
recursos disponibles e influye negativamente en la calidad de los medios y del
liderazgo de las instituciones.
2.
La corrupción operativa: también tiene efectos devastadores como la
administrativa, por diversas razones. Primero, porque si el servicio público
tiene un precio, se vulnera su carácter universal y gratuito; se generan
barreras para el acceso a la justicia, que afectan a los más pobres; y, se hace
tabla rasa de la imparcialidad de los funcionarios públicos, socavando su
legitimidad. Segundo, la vulnerabilidad a la corrupción que se genera destruye,
en el proceso, el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos,
que son los pilares del Estado de derecho, y ata de manos a las instituciones
del sistema para hacer cumplir la ley, que es su razón de ser.
3.
La corrupción política: por su parte, puede fluctuar entre la utilización
política de los cuerpos de seguridad y el ejercicio del padrinazgo y nepotismo
dentro de ellas, hasta la protección desde el poder de organizaciones y
actividades criminales.
Instrumentos
de medición de la inseguridad, la violencia y el delito
1.
El primero, los
homicidios, dan cuenta de la forma más extrema de violencia en una sociedad
determinada, aquella que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a
otra persona. Para facilitar su comparación, los homicidios se presentan en
función de una tasa por 100 mil habitantes.
2.
El segundo, la
victimización, mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. Es
el más útil para conocer la magnitud de los niveles delictivos, especialmente
aquellos de naturaleza patrimonial.
3.
El tercero, la
percepción de inseguridad, da cuenta del temor que genera la probabilidad de un
hecho delictivo en el futuro.
4.
El último, la
evaluación de las instituciones, también llamada segurabilidad, hace referencia
a la confianza ciudadana en que los delitos sean prevenidos o, en caso que
ocurran, se investiguen y sancionen.
Desde una perspectiva evolutiva del consumo de
drogas, existe una progresión que va desde el uso de drogas legales al inicio
(alcohol y tabaco) hasta el consumo de drogas ilegales (marihuana, cocaína,
éxtasis), lo que también desencadena, en muchos casos, en la comisión de
delitos y faltas. Este tipo de comportamientos se traduce en una alta deserción
escolar, abuso de sustancias psicoactivas, problemas personales tales como
impulsividad, oposición intensificada, mentiras compulsivas y altas tasas de
enfermedades de transmisión sexual. Los jóvenes y adolescentes que tiene este
tipo de comportamiento en su gran mayoría, provienen de familias
desestructuradas y en situación de pobreza. En el seno de sus familias, ellos
han vivido experiencias de violencia, abuso o abandono.
Puntos de Acción:
Según la política nacional así definida,
la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio
del ciudadano, un proceso sustentado en cinco componentes:
a) Planeamiento de Estado: Políticas de
Estado y de gobierno Las Políticas Públicas son diseños que sustentan la acción
pública. Basadas en políticas nacionales del Estado, los gobiernos de turno,
establecen prioridades de gobierno claras y pertinentes, tomando en cuenta
también las demandas y necesidades de la población, que luego las entidades
públicas expresarán en objetivos, metas y los respectivos procesos que los
convertirán en productos institucionales: regulaciones, procedimientos
administrativos, bienes y servicios públicos, todos los cuales tendrán un
impacto positivo en el ciudadano, dados determinados recursos disponibles.
b) Planeamiento estratégico: El Planeamiento Estratégico parte de
considerar las prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno (central,
regional, local). Es además, un proceso en el cada institución, además de
considerar los compromisos políticos y los mandatos de los planes
gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas del entorno: i)
sobre las oportunidades o sobre la justificación de una necesaria intervención
del Estado, así como sobre los riesgos de un inadecuado accionar del sector
público; ii) sobre el entorno macro económico, legal, político e institucional;
iii) sobre las demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen que
atender; iv) sobre las formas en que la sociedad se organiza para resolver esas
demandas ciudadanas; y, v) sobre la forma como el Estado ha venido
satisfaciendo esas necesidades, mediante qué políticas, qué estrategias, a
través de qué agencias involucradas, qué resultados e impactos ha logrado y qué
lecciones ha sacado del pasado.
c) Presupuesto para resultados: Un
Estado moderno al servicio del ciudadano, además de objetivos claros, requiere
que sus presupuestos sean asignados también con orientación a resultados, es
decir, en función a los productos que los ciudadanos esperan recibir para
satisfacer sus demandas. Sobre todo considerando que los recursos son escasos,
lo cual obliga a priorizar. En ese proceso la transparencia y rendición de
cuentas son sumamente importantes en los procesos de asignación y evaluación
del destino de los recursos.
d) Gestión por procesos: Una gestión al
servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de
organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos
en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y
servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos
positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los procesos son
definidos como una secuencia de actividades que trasforman una entrada o insumo
(una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o
el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores
condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).
e) Servicio civil meritocrático: La gestión de recursos humanos es un área
crítica en todo tipo de organización, puesto que son personas las que definen
los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los
gestionan a través de procesos.
A la luz de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública así definida, el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2013 – 2018, será eminentemente un Plan de gestión orientado a
resultados al servicio del ciudadano.
Referencia Bibliográfica:
Ministerio del Exterior (2013) Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, Perú, recuperado de:
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